Volvieron los secuestros, tres jóvenes que iban a repartir mercados, dos trabajadores de una empresa petrolera y otras dos personas, así como la desaparición de tres hermanos, ocurridos en los dos últimos meses, hacen parte del resurgir de unos delitos que parecían haber quedado en el olvido en los departamentos de la frontera con el vecino país.
A los secuestros y desapariciones se suman el asesinato de dos soldados, de una líder social, los bloqueos viales, atentados, actividades de minería ilegal y el cobro de extorsiones en acciones atribuidas por las autoridades a las disidencias de las Farc y al Eln.
Desde el río Bojabá, en límites de Arauca con Boyacá, hasta la piedra del Cocuy, frente al departamento de Guainía, en la esquina que separa al país con Brasil y Venezuela, son 1.400 kilómetros lineales de una porosa frontera colombo-venezolana que recorre de norte a sur los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Guainía.
Los secuestros de los dos últimos meses comenzaron a las 9:00 de la mañana del 25 de abril con el ganadero Jaime Rueda Guarín, en la vereda La Macolla de Orocué, Casanare. Rueda, de más de 80 años, es oriundo del Atlántico y es muy reconocido entre las directivas de las agremiaciones ganaderas, pero no se sabe nada de su paradero.
El mismo día que desapareció Rueda, secuestaron a José Fernando Gómez Daza, Marcela Romero y Alexandra Martínez, de 35, 25 y 24 años, respectivamente, cuando salieron de Yopal hacia el norte de Casanare a distribuir mercados a familias vulnerables en un automóvil Kia de color negro.
Los secuestraron en Hato Corozal cuatro hombres fuertemente armados, que los encadenaron y les vendaron sus rostros para atravesar los montes y las trochas del departamento de Arauca, hasta llevarlos al campamento del frente décimo de las disidencias de las Farc, en Venezuela.
Alexandra, tras ser liberada, el pasado miércoles 29 de mayo, relató que Ferley González, jefe financiero de ese frente guerrillero, le dijo que después de haberla investigado a ella y a su familia la dejaban en libertad; su amiga Marcela continua en poder de ese grupo armado, mientras que Jorge Fernando, a quien le dice el ingeniero Fernando, lo habrían ejecutado por supuestamente tener deudas de dinero y por haber entregado a las autoridades a miembros de ese grupo.
Tras estos secuestros, la Gobernación de Casanare está ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita dar con el paradero del ganadero Rueda Guarín y de Marcela Romero.
Con redacción de MonitorDolar e información de La Patilla
