El TSJ (Tribunal Supremo de Justicia), al mando del régimen de Nicolás Maduro, ordenó este 16 de diciembre suspender la inmunidad de cuatro diputados opositores, a quienes acusa de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección concierto para delinquir y usurpación de funciones.
Los parlamentarios afectados con la decisión fueron: Jorge Millán, del partido Primero Justicia; Hernán Claret Alemán Pérez, de Acción Democrática; Carlos Alberto Lozano Parra, de Camina, y Luis Stefanelli Barjacoba, de Voluntad Popular.
El TSJ transfirió a la asamblea nacional constituyente el caso para que tomara la decisión final sobre el allanamiento de la inmunidad. Horas antes, el fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab, había solicitado considerar esta medida luego de que se denunciara un supuesto plan conspirativo para atacar bases militares en el país.
El Tribunal Supremo remitió una copia certificada de las actuaciones al presidente de la constituyente, Diosdado Cabello, instancia que tomó la decisión final.
Según el comunicado del TSJ, y por tratarse de la «comisión flagrante de delitos comunes», el juicio posterior del caso corresponderá a los tribunales ordinarios en materia penal.
Hasta el momento, ya son más de 30 los diputados a los que le han allanado su inmunidad parlamentaria.
El supuesto plan terrorista
El 14 de diciembre pasado, el ministro de Comunicación e Información del régimen de Maduro, Jorge Rodríguez, había asegurado que la operación «terrorista» era liderada por la diputada opositora suplente, Yanet Fermín, alias «Manuelita»; el diputado suplente Fernando Orozco,
alias «Oro Negro», y los opositores venezolanos Lester Toledo y Josnar Baduel, ambos en Colombia.
Vinculó también a dos funcionarios de la policía del estado Sucre con este plan: Sixto Salamanca y José Miguel Yéguez.
Según las denuncias del régimen de Maduro, el supuesto plan incluía el ataque a dos bases militares el pasado 15 de diciembre. Denuncian que dicha «conspiración» contaba con el apoyo y promoción de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.
Con redacción de MonitorDolar e información de AgenciaEFE
