El país suramericano vive momentos de tensión tras ocho días de protestas consecutivos la violencia ha ido en aumento luego de que el presidente colombiano Iván Duque junto con su gabinete de gobierno promulgaran una reforma tributaria llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” la cual buscaba ampliar la base tributaria mermada por la pandemia mediante el cobro de impuestos a la renta a partir del año 2022 de esta forma poder recaudar alrededor de 6.300 millones de dólares para así solventar la deuda externa que este país posee que según el Banco de la República esta deuda alcanzaba los 156.834 millones de dólares dicho en enero del presente año.
Esto llevo a las calle a miles de colombianos mostrando su descontento ante esta nueva ley, esto desde el pasado 28 de abril, manifestaciones por todo el territorio colombiano que han sido reprimidas de forma radical por las fuerzas de seguridad. A día de hoy se ha confirmado la muerte de 24 personas y hay al menos 800 heridos y 89 desaparecidos.
Forzado por el gran desagrado de dicha ley sumándole también un fuerte rebrote de casos de Covid-19 en el país el presidente Duque cambio su posición ante esta reforma negando cambios, llamando a consenso para realizar variantes y hasta finalmente anunciar el retiro del proyecto de ley con esta decisión vino también la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla (el cual fue ministro durante la presidencia de Uribe entre los años 2003 y 2007) el puesto será ocupado por José Manuel Restrepo anunciado por Iván Duque
Pero a pesar de que se haya anunciado el retiro de la reforma tributaria del Congreso Nacional las protestas continuaron y el Comité Nacional de paro el cual tiene bajo su tutela a 40 organizaciones llamaron a una nueva protesta pues ellos afirman que “todas estas personas que están en las calles marchando y luchando lo hacen por más que una derogación de ley fiscal” a partir de esto expresaron una nueva carta de exigencias.
En un comunicado, el CNP reclamó al Ejecutivo que desmilitarice las ciudades, castigue a los «responsables» de agredir a los manifestantes, retire un proyecto de ley que pretende reformar la salud local en tiempos de crisis por la pandemia y disponga una renta básica más alta.
A raíz de la petición al pueblo colombiano de seguir en las calles, las principales ciudades de este país (Bogotá, Medellín y Cali) se están viendo muy afectadas tras estas protestas registran desabastecimiento de gasolina de alimentos y preocupación por el paso de camiones con insumos médicos en plena pandemia.
Amnistía Internacional pudo confirmar que la policía colombiana ha utilizado armamento letal en repetidos incidentes y armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos, cañones de agua y otros materiales, contra manifestantes. Según esta organización internacional la cual vela por la protección de los derechos humanos en el mundo, se ha comprobado que las fuerzas de seguridad colombianas emplearon un rifle Galil Tavorn en Cali durante la represión de manifestaciones el 30 de abril, y que varios policías apuntaron armas semiautomáticas directamente contra manifestantes desarmados en Popayán. En otro incidente en Bogotá, se verificó la presencia de un vehículo blindado que disparó munición viva. Todo este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.
