n Twitter, la ONG precisó que a los dirigentes se les imputó por la supuesta comisión de los delitos de asociación para delinquir y conspiración.
En concreto, los seis trabajadores son acusados de planificar el asalto a un cuartel en Mérida, esto para sustraer 120 fusiles, secuestrar a los padres del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami y realizar actos de sabotaje el 5 de julio contra Nicolás Maduro.
El juez 4° de Terrorismo, José Márquez, fue quien ordenó el pase a juicio de los dirigentes de Bandera Roja y ratificó la privativa de libertad solicitada por la Fiscalía controlada por el régimen madurista, según Provea.
«Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alcides Bracho y Emilio Negrín se dedican a la docencia, la acción humanitaria, la pesca artesanal, las artes plásticas y la construcción. ¡Seguimos exigiendo libertad para los luchadores!», exhortó la ONG.
Con redacción de MonitorDolar e información de Maduradas
